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El proceso de democratización en América Latina ha sido acompañado por importantes proyectos nacionales de reforma del sistema judicial, en particular del proceso penal (CAJ 1999; CAJ 2000, 117 y ss., 143 y ss.; Corporación Excelencia en la Justicia, 1999). La reforma del proceso penal es de particular importancia dado que el estado del mismo –como sismógrafo de la Constitución del Estado (Roxin 2000: 10)– sirve para medir el grado de democratización de un Estado o, en otras palabras, el grado de su desarrollo como Estado de derecho. |
