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La Constitución Política del Estado aprobada mediante referéndum en 2009, incorpora en el texto constitucional un amplio catálogo de derechos y garantías de las personas, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa pública y el derecho a defenderse en libertad; y reconoce los principios de oralidad, participación ciudadana e igualdad de las partes ante el juez, como guías del sistema de administración de justicia penal. Todo esto en consonancia con los principios, que en su momento orientaron la reforma del código procesal penal en el año 1999.Coordinadores de la investigación y Redacción: Ramiro Orias, Susana Saavedra y Claudia V. AlarcónElaborado por: Fundación CONSTRUIR |
