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La promulgación y entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil español con fecha 1 de enero de 2000 supuso una significativa actualización de todo el proceso civil español, pero muy singularmente de los instrumentos puestos a disposición de los jueces y magistrados para hacer efectivo el crédito privado. El objetivo general de esta ponencia es, precisamente, dar cuenta de tales novedades y de su resultado aplicativo en sus siete años y medio de vigencia, en la medida en que con ello se puedan ofrecer nuevos modelos de respuesta jurisdiccional frente al incumplimiento de las obligaciones reconocidas en sentencias de condena –o en títulos que llevan aparejada la ejecución forzosa–, así como de su incidencia práctica. |
