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Reseña:
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La autora se concentra en presentar la problemática que significa el paso, de un derecho reconocido legalmente, al ejercicio real y efectivo de las normas que tutelan los derechos de las mujeres. Para ello, se basa principalmente en la forma en que la legislación doméstica de Argentina ha regulado la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. En 1996 con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de de Buenos Aires, se reconocen una serie de tratados como a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pasando desde ese momento a regir dichos tratados en forma directa como ley doméstica, cuestión que lleva directamente a plantearse la tarea que debe asumir el Estado para la implementación de medidas frente al compromiso de incorporar en su ley interna los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, medidas tales como el desarrollo de programas y políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación en contra de las mujeres, siendo este proceso el verdadero desafío.En este contexto, en Argentina se han implementado recursos tales como: la audiencia pública, la acción ciudadana, el habeas corpus, habeas data y el amparo, los que son verdaderas armas de transformación hacia el avance del derecho de defensa y la prohibición de la discriminación. A manera de conclusión se señala, que la reforma de la Constitución Nacional y, más aún, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires modificaron el escenario para la acción ciudadana de las mujeres. Se ampliaron los derechos y garantías, se crearon nuevos mecanismos de participación y fiscalización. Sin embargo, “para que el derecho a tener derechos se convierta en realidad, será necesario ampliar la participación ciudadana, ejercer la fiscalización y el control de las políticas públicas, y fortalecer, en este proceso, la organización autónoma de las mujeres que, articulada con otros actores sociales, partidos políticos e instituciones sociales, contribuya a la formación de un pacto para la transformación económica, social, política y cultural, en el cual las mujeres sean consideradas sujetos”. |
