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El Perú ha sido, dentro de los países de esta parte del continente americano, uno de los últimos en ingresar a la gran ola de reformas procesales penales iniciadas a finales de la década de los 80 e inicios de los 90: al proyecto del código procesal tipo para Iberoamérica de 1988, le siguieron la concretización de las reformas en Guatemala (1994), Costa Rica, El Salvador, la provincia de Buenos Aires en Argentina (1998), Venezuela (1999), Chile, Paraguay (2000), Bolivia, Ecuador, Nicaragua (2001), Honduras (2002), República Dominicana, Nuevo León en México (2004) y Colombia (2005). |
