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El acceso a la Justicia ha sido una preocupación que acompaña desde los orígenes al Centro de Estudios de Justicia de las Américas. El amplio trabajo que ha sido desarrollado en conjun-to con otras organizaciones latinoamericanas para la reforma a los procedimientos penales inquisitivos, y hoy a los civiles, con el propósito de dar paso a procesos orales, adversariales y contradictorios, es una muestra de ello.
Sin embargo, el acceso a la justicia es algo más que la forma en que los procesos de enjui-ciamiento estén configurados. Implica, también, una serie de dispositivos que van desde la forma en que están gestionados los despachos judiciales y las prácticas concretas de funcio-narios y jueces, tanto dentro como fuera de las audiencias. Una de esas prácticas tiene que ver con el uso que hacen los juzgadores del corpus jurídico interamericano que hoy está disponi-ble, así como también de la herramienta del control de convencionalidad.
Pero hay aún más, pues el uso del lenguaje jurídico y sus complicadas formas, han ido ale-jando, si no lo estaba antes lo suficiente, aún más la justicia de los individuos que no tienen conocimientos legales, es decir, del grueso de la población. En CEJA nos parece muy rele-vante y alineado con nuestro objetivo, el conectar los sistemas de Justicia y, especialmente sus decisiones, con las personas, nuestras comunidades y sus necesidades. Se trata de pasar desde la publicidad de leyes y decisiones judiciales (conocimiento por parte de las personas), a la efectiva comprensión de las normas que nos regulan y de las decisiones que toman los tribunales en los conflictos particulares, interpretando esas normas.
De esta forma, uno de los desafíos importantes aquí tiene que ver con cómo las instituciones de justicia lidian con la habilidad de las personas para identificar cuándo tienen una nece-sidad jurídica, y cómo esto entra en conflicto con las formas que adopta el mercado de los servicios legales. |
