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La incorporación de la perspectiva de género
como política institucional al interior de
los sistemas de justicia supone un requisito
esencial para avanzar en la eliminación de las
barreras socioculturales vinculadas al género.
La perspectiva de género debe comprenderse
como una herramienta que permite la
identificación de las formas concretas y
diferenciadas en que opera la violencia basada
en el género, debiendo incorporar, a su vez, un
análisis desde un prisma de interseccionalidad
para la comprensión de las formas particulares
de afectación de la violencia respecto de las
víctimas, atendida su edad, etnicidad, condición
social, entre otros factores (Munévar-Munévar
& Mena-Ortiz, 2009). |
