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En general se piensa que las decisiones sobre cuántos juzgados son necesarios en un sistema judicial y qué cantidad de casos que éstos deben procesar, son la consecuencia de los niveles de demanda de soluciones judiciales a los conflictos. Esta percepción se suma al desconocimiento sobre por qué muchos casos no llegan a las etapas finales del procedimiento judicial. Este panorama, en el que una parte muy importante de los casos iniciados no reciben una solución judicial en el fondo, se repite en muchos sistemas judiciales —tanto en materia civil como penal— y significa una disipación de los escasos recursos con que cuentan los Poderes Judiciales y —en consecuencia— se resiente la calidad de las soluciones en aquellos casos más complejos o en los que es estrictamente necesaria la intervención de un juez. |