Se recogen los distintos mecanismos y estrategias que han sido implementados en la región en el marco de las reformas a la justicia y que han tenido por objeto ampliar el acceso o brindar un servicio judicial que tome en consideración la especial situación de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Dichas condiciones se asocian a edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que hacen que haya especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.