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En las últimas dos décadas los sistemas procesales penales de la mayoría de los países de América Latina han experimentado cambios muy significativos. Una parte importante de esos cambios se ha traducido en el otorgamiento de nuevas funciones al Ministerio Público Fiscal, que ha pasado a constituirse en el órgano encargado de la persecución penal. Este proceso ha generado enormes expectativas sociales sobre el funcionamiento del sistema judicial. A diferencia de tiempos anteriores -en que los órganos judiciales cumplían roles relativamente marginales- en los sistemas institucionales de hoy, en especial en el área penal, estamos en presencia de órganos que son permanentemente llamados a resolver conflictos de la mayor importancia social, económica y política, respecto de los cuales se concentra enormes expectativas sociales. |
