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En los últimos años la corrupción ha experimentado un notable incremento en Argentina convirtiéndose en un verdadero problema que compromete no sólo la gobernabilidad democrática sino también el desempeño económico del país. La falta de transparencia que se deja sentir muy fuertemente desde hace más de una década no es más que una consecuencia directa del deterioro de la confianza, todo lo cual constituye un fiel reflejo de la debilidad característica del capital social en nuestro país. Si bien se han hecho algunos avances en cuanto al marco legal para adecuarlo a los estándares internacionales y se han implementado ciertos mecanismos para minimizar su impacto, la estrategia legal, de por sí sola, no constituye un arma enteramente eficaz para romper el círculo vicioso que genera este azote. Resulta imprescindible, además, canalizar la participación social efectiva en el control de las políticas públicas, incentivar la rendición de cuentas por parte de los funcionarios en forma regular, al tiempo que favorecer la práctica generalizada de una ética responsable. En el caso argentino es necesario reconocer que la reducción del papel del Estado y las reformas estructurales llevadas a cabo en la década de los noventa provocaron una mayor desigualdad social, desarticularon aún más el débil tejido social existente y condujeron a niveles alarmantes de corrupción que en la actualidad resultan muy difíciles de combatir. No basta con la voluntad de atacar el problema de arriba hacia abajo sino que se requiere incrementar la confianza aunque antes será necesario disminuir la brecha de inequidad social. Sin dudas, en una sociedad más equitativa la gente posee mayor confianza y las prácticas corruptas son menos frecuentes. |
