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La década del noventa comenzó con el gobierno de César Gaviria, durante el cual, debido a la situación de descontractualización social, y ante la necesidad de crear mecanismos y espacios para la regulación de los conflictos, se realizaron diversos programas para mejorar la oferta de justicia. Así, se intentó articular lo relacionado con la violencia y la justicia en una “Estrategia Nacional contra la Violencia”. Uno de los objetivos principales de este proyecto era modernizar la justicia para que recuperara la capacidad de sancionar el delito y combatir la impunidad. Se enfatizó, entre otros puntos, en la creación de mecanismos participativos para agilizar la resolución de conflictos, teniendo claro que lo que se quería con ellos era recobrar la legitimidad del Estado y lograr la descongestión de los despachos judiciales. |
