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La reforma procesal penal fue justamente la “abanderada” en el desafío de lograr el sometimiento de las normas a los lineamientos constitucionales. El solo proceso de cambio normativo – pensando en que una reforma de este tipo no se agota con la promulgación de nuevas leyes – fue profundamente resistido por intereses de diversa índole, lo cual implicó que el periodo de diseño normativo y posterior implementación fue prácticamente absorbido por la discusión y análisis de las líneas rectoras de la reforma: fortalecimiento del sistema de garantías, revalorización de la víctima, investigación eficiente, participación ciudadana, simplificación del proceso, respuestas eficientes y diversificadas, oralidad plena y respeto a la diversidad cultural. |