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En este contexto, nos corresponde destacar la importancia - ahora más que nunca, cuando la violencia delictual arrecia – la necesidad de que, precisamente, las dependencias que se encargan de la función jurisdiccional, esto es la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, o sea los que investigan, juzgan e imparten justicia, funcionen óptimamente de ser posible. Esto significa que en lo personal todos tengan una formación profesional de la más alta calidad y en el determinante aspecto ético, todos exhiban una probidad ya no sólo a prueba de dólares sino también a prueba de balas. Ya un jurista señaló que quien no está dispuesto a rechazar presiones, lo mejor es que no sea juez. Pues el riesgo de perder la vida en el cumplimiento de sus altas funciones, desgraciadamente, ya no corresponde solamente a las Fuerzas Armadas y Policía, por razones obvias, ahora también alcanza a quienes imparten justicia como también a quienes hacen denuncias públicas como son los periodistas. Constituyen, pues, profesiones de riesgo. |
