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Para diseñar políticas públicas eficientes e igualitarias que permitan a todo habitante acceder a la satisfacción de sus pretensiones por medio de mecanismos institucionales, es necesario conocer el contexto social en el que se inserta el sistema de justicia y su interacción con otros actores que prestan servicios jurídicos. Esto supone identificar todas aquellas necesidades concretas y actuales de la población que podrían ser satisfechas mediante el acceso a un servicio jurídico adecuado. Justamente, algunas de estas cuestiones pueden ser conocidas a través de una investigación de Necesidades Jurídicas Insatisfechas (NJI). El objetivo es identificar la cantidad y tipo de problemas jurídicos de la población, las respuestas que adoptan frente a éstos, la relación con los abogados y cuáles son los obstáculos que impiden el acceso a mecanismos institucionales de justicia para la prevención y resolución de conflictos. |
