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El sistema de justicia criminal chileno ha sufrido importantes cambios durante la última década. Es así como, mediante la Reforma Procesal Penal (que se comenzó a aplicar progresivamente a nivel territorial a partir del año 2000), se pasó de un sistema inquisitivo, escrito y secreto en su etapa investigativa, a uno acusatorio, oral y público. El nuevo procedimiento penal tiene tres etapas principales: la investigación, la etapa intermedia cuyo fin es la preparación del juicio y la etapa de juicio oral, que es la fase de enjuiciamiento criminal propiamente tal. Si bien durante el proceso rige como principio general que toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, teniendo como fundamento las razones establecidas en la ley, pueden adoptarse excepcionalmente una serie de medidas cautelares que tienen por objeto asegurar los fines del procedimiento. De ellas, la más severa y restrictiva de derechos es la prisión preventiva. La reforma procesal penal ha generado importantes efectos en la aplicación de las medidas cautelares, en general y en particular, de la prisión preventiva. El efecto principal es que dejan de ser un efecto casi automático de la dictación de la antigua resolución llamada auto de procesamiento, (que se elimina), pasando a ser medidas excepcionales cuya procedencia y necesidad se deben demostrar en cada paso por el fiscal. A partir de la entrada en vigencia de la reforma, las cifras demuestran que, si bien en términos absolutos la cantidad de personas cumpliendo prisión preventiva ha aumentado, la proporción de personas que debe cumplir esta medida en relación al total de imputados ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, en marzo del año 2008 entró en vigencia la ley 20.253, denominada “agenda corta”, la cual, entre otras modificaciones, busca ampliar los criterios de aplicación de la prisión preventiva, lo que hace suponer un posible aumento en la utilización de esta medida.En este contexto, el objetivo del presente estudio fue estimar los costos directos e indirectos dela prisión preventiva en Chile. |