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Uno de los principales objetivos que justifican la reforma procesal penal gira en torno a la construcción de un aparato capaz de organizar la persecución penal de manera eficiente, profesional y versátil para responder a las necesidades que impone la mayor complejidad del escenario delictivo. Esta mejor respuesta frente al delito debe responder al difícil requerimiento de, a la vez, operar bajo una política criminal explícita y general y, por otra parte, hacerse cargo de las necesidades locales en materia de persecución. |
