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El documento constituye un análisis de las condiciones por las que atraviesan las personas privadas de su libertad como resultado de las acusaciones o condenas penales de que son objeto, y, en específico, del tratamiento penitenciario que se les da a estas mujeres. El estudio evidenció que, a pesar de las diferentes leyes nacionales, ideologías gubernamentales, variaciones socio-económicas, étnicas y culturales en los diferentes países de la región, los problemas que experimentan las mujeres privadas de libertad son los mismos y las respuestas por parte de los gobiernos y la sociedad civil, son insuficientes.La experta hace hincapié en que las condiciones en los centros de detención de la región tienen en común el hacinamiento y la carencia de alimentación adecuada, servicios sanitarios y atención de salud. Por ejemplo, se indica que el sufrimiento causado por estas condiciones se da por diversas circunstancias que van desde las decenas de miles de personas privadas de libertad que se encuentran conviviendo en un mismo sitio, hasta el abuso cometido a manos del personal de seguridad u otros reclusos, agravados en el caso de las mujeres a quienes se les piden frecuentemente revisiones que degradan su integridad, así como los favores sexuales que hacen para mantenerse protegidas de otras internas o bien para poder comunicarse con sus familiares. Esta situación se ve agravada, si a ella se suma la corrupción y el ambiente de violencia en las cárceles, toda vez que el personal penitenciario (cuyo número es bajo comparado al número de reclusos) carece de capacitación adecuada, tiene salarios magros y, por ende, nula motivación. Todo ello, redunda en un ambiente propicio para la comisión de abusos contra las mujeres privadas de libertad a quienes el sistema de justicia criminal, de este modo, no les ofrece ninguna posibilidad de rehabilitación. |
