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Durante las dos últimas décadas la mayor parte de los países latinoamericanos han desarrollado intensos procesos de reforma de sus sistemas de justicia penal. Estos procesos han estado conectados a los procesos de transición a la democracia que esos mismos países han vivido, siendo precisamente uno de los propósitos centrales de la reforma la adecuación de los sistemas procesales penales a los requerimientos del sistema democrático en términos del respeto por las garantías básicas del debido proceso y la generación de procedimientos transparentes y públicos, coherentes con el nuevo régimen político. |
