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La Constitución de Estados Unidos garantiza elderecho a la asistencia de un abogado a los acusadosde delitos penales y, durante varias décadas,ha exigido que los tribunales provean representaciónjurídica a las personas que por razoneseconómicas no pueden contratar un abogado. Enlos pleitos civiles las partes litigantes no tienen esagarantía; no obstante, las organizaciones cívicas yjurídicas, así como el gobierno federal, han podidoofrecer representación jurídica a las personas deingresos bajos, mediante una variedad de mecanismos.El autor define el sistema de defensores deoficio empleado en casos penales y analiza losesfuerzos que se realizan para proveer asesoríalegal a las partes en casos civiles. |
