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Los procesos de democratización política de los países sudamericanos no supusieron estructurar aquellas condiciones básicas que hubieran permitidola articulación de un sistema de seguridad pública1, eficiente a la hora de identificar, abordar y procesar el conjunto de los conflictos sociales que tienen como consecuencia la vulneración concreta de ciertos derechos y libertades ciudadanas, en particular, aquellos conflictos que configuran delitos. Por lo tanto, el retorno de la democracia en la gran mayoría de estos países no solo no ha significado la consolidación del imperio efectivo de la ley, sino que además ha conllevado el ejercicio de un poder ilegal y arbitrario por parte de ciertos poderes públicos o entre sectores sociales, lo que ha redundado en situaciones de violentos abusos a los derechos humanos. |
