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El artículo analiza críticamente los aspectos centrales de la Ley Nº 20.393, de fines de 2009, que introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho chileno. Luego de la descripción del contexto en que surge la ley, marcado por las exigencias para el ingreso de Chile como miembro pleno a la OCDE, se aborda principalmente el modelo de “responsabilidad por defecto de organización” elegido por el legislador chileno y sus alcances más relevantes. Por último, no obstante una valoración en general favorable, se señalan los desafíos y riesgos que deberá sortear la aplicación práctica de la nueva ley. |
