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En diciembre de 2000, Chile inició el proceso de reforma a la justicia criminal con el firme propósito de dotar a la institucionalidad del país de un sistema más eficaz y transparente, capaz de garantizar un acceso equitativo y oportuno a la justicia penal. Luego de cuatro años de implementación gradual del nuevo sistema, el gobierno ha introducido nuevas leyes a la par de la creación de nuevas prácticas e instituciones en doce de las trece regiones del país, con excepción de la Región Metropolitana. Se espera que la nueva justicia criminal elimine las deficiencias del antiguo sistema reclamadas tantas veces por los usuarios, a saber: procesos secretos y extremadamente largos, nulo contacto con el juez que lleva la causa y servicios de defensa precarios para los imputados de menores recursos. La Reforma Procesal Penal fue concebida para responder a estos problemas. |
