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Los principios de “Estado de Derecho” y de “debido proceso” son el corolario de los ingredientes esenciales en una administración de justicia equitativa, imparcial y transparente. No se puede administrar justicia de manera apropiada sin un debido proceso, que, en el área de penal incluya garantías fundamentales tales como una judicatura independiente e imparcial, la presunción de inocencia, el principio de “habeas corpus” y el derecho a ser representado legalmente. Un gobierno carente de estas nociones básicas no está basado en leyes, sino en un método impredecible mejor descrito como “arbitrario y caprichoso”. Muchos estados, motivados por cumplir con estándares universales de justicia e instrumentos legales internacionales, están incorporando estos principios fundamentales a sus sistemas legales como parte de sus reformas nacionales. Más aún, organizaciones internacionales han establecido una serie de normas que ayudan a definir el concepto de un “debido proceso” que, si es acogido e implementado, provee los cimientos formales para una administración de una justicia justa e imparcial. |
