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El sistema adversarial que se propuso implementar en algunos países de América Latina se fundamenta en la idea de un proceso entre partes, oral, público y contradictorio. En Colombia, dicho sistema fue adoptado a través de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” . En este proceso penal se continúa con la intervención del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) a lo largo de todas las etapas del procedimiento -cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, o los derechos y garantías fundamentales de las personas -, creando así, un proceso en el que además de las partes, existe un interviniente adicional. |