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A partir de la reforma constitucional de 2008, los estados mexicanos tienen la obligación de transitar hacia sistemas procesales penales de corte acusatorio antes de finalizado el año 2016. Algunos estados ya han iniciado ese proceso hace varios años, generando una serie de aprendizajes para el país y los futuros procesos de implementación, tanto en sentido de las buenas prácticas instaladas, así como en las áreas de oportunidad, problemas enfrentados y las experiencias acumuladas. |