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Reseña:
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La presentación trata la Ley 54 promulgada el 15 de agosto de 1989, que provee alternativas concretas para las personas que confrontan violencia física, sexual o emocional en la relación de pareja. Esta ley nace a partir del reconocimiento que hace el gobierno de Puerto Rico y que considera que “la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad debemos dar énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia doméstica presenta, particularmente a mujeres y menores para preservar su integridad física y emocional, procurar su seguridad y salvar sus vidas.” La Ley 54 contempla fórmulas para hacer frente a la problemática, desde el punto de vista Civil y Punitivo. Sin embargo, la magnitud del problema es mayor, ya que persisten profundos patrones culturales, históricos, jurídicos y religiosos que limitan y obstaculizan la solución del problema, entre otros, se tiende a trivializar y minimizar la violencia doméstica, existiendo resistencia en el sistema para conceptualizar como delito la violencia doméstica, además existe una actitud negativa de abogados hacia la ley, y, en consecuencia, el sistema de justicia confiere poca credibilidad a las mujeres en estos casos.Otro de los problemas para la implementación de la ley, aludido por la presentación se refiere a la inexistencia de mecanismos suficientes para brindar orientación y apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Así, en muchos de los casos, las o los funcionarios adoptan, equivocadamente, posturas de conciliadores, en tanto otros optan por hacer interpretaciones erróneas de los estatutos de la ley, e incluso ha habido casos en que el juzgador no toma en consideración el historial de violencia doméstica, lo que se traduce en una invisibilización creciente del problema.Por ello el Comité Asesor de Igualdad y Género hizo recomendaciones para mejorar el sistema de justicia, a fin de que la ley se aplique sin discriminación y sea efectiva para combatir la violencia contra las mujeres. Entre las recomendaciones que se señalan se encuentran las siguientes: Intensificar esfuerzos en educación y sensibilización sobre el ciclo de la violencia doméstica; desarrollar mecanismos eficientes de orientación a las víctimas; desarrollar normas internas de aplicación uniforme sobre los procedimientos judiciales y recursos de apoyo; estudiar la viabilidad de establecer salas especializadas que conozcan de los delitos que tengan un componente de violencia intrafamiliar; fomentar el desarrollo y establecimiento de albergues y programas de ayuda a las víctimas, y de programas de ayuda a las víctimas, así como también programas de readiestramiento y reeducación de los agresores. La presentación cuenta con estadísticas y bases de datos sobre los casos de violencia intrafamiliar y órdenes de protección en Puerto Rico entre los años 1991 y 2003. Por último, señala algunas respuestas que se le han dado a los problemas suscitados aún después de las recomendaciones ya señaladas, como es la creación de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual, Acecho y Violencia en Cita, la cual cumple con las funciones de asegurar la implementación de políticas públicas para combatir y prevenir estas conductas atentatorias contra los derechos de la mujer. |
